Desde las reformas del Código Penal en 2010 y 2015 las organizaciones tienen la necesidad de implantar un modelo de prevención de delitos para facilitar la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, protección de datos personales etc. las exigencias legales son también más estrictas que nunca.

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